Aurelio F. Concheso
Editorial Laotravia
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La democracia moderna remonta sus orígenes a La Magna Carta Liberatum, o simplemente Carta Magna, que los señores feudales británicos le impusieron al Rey Juan Primero el 15 de junio de 1216, reclamando sus derechos a ser representados en el uso que la Corona hacía de los recursos que les extraía a ellos y sus siervos mediante impuestos. El próximo hito a resaltar en esa cadena progresiva de conquistas es la llamada Revolución Gloriosa de 1688 en la que los ingleses derrocaron al Rey Absolutista Jacobo II, depositando en un Parlamento electo por el pueblo el control de los gastos del Ejecutivo Inglés, representado por La Corona con la que invistieron a María, La hija de Jacobo, y su consorte holandés Guillermo de Orange.
La conquista progresiva de los pueblos para controlar parlamentariamente los gastos de quienes pretenden gobernarlos continuó con la convocatoria de los Estados Generales de 1789 por Luis XVI, convertidos en “Asamblea Nacional” por los franceses, con el desafío de Mirabeau de que; “Estamos aquí por la voluntad del pueblo y sólo saldremos por la fuerza de las bayonetas“. Asi mismo con la rebeldía de los colonos norteamericanos, en 1776 mediante el lema “No puede haber tributación sin representación”, seguidos posteriormente por las Colonias Españolas de América exigiendo reivindicaciones y derechos similares.
El hilo conductor de esta lucha y sus conquistas es sencillo pero poderoso: los gobiernos funciona gracias a los tributos que le sacan del bolsillo a sus ciudadanos, y estos ciudadanos tienen el derecho democrático de, no solo aprobar previamente los gastos que se pretende incurrir con su dinero, sino también fiscalizar que lo que se gastó fue lo acordado, mediante sus representantes electos directamente al Parlamento Nacional. De hecho ese mecanismo es el punto de partida de la Separación de Poderes que luego se hace extensiva a otras actividades como la Revisión Judicial y la potestad de “señoreaje monetario” implícito en la impresión de dinero por parte de la Autoridad Monetaria Nacional.
Para terminar de entender la gravedad de que un gobernante se abrogue a si mismo el derecho de decidir unilateralmente que se va gastar, y proceder a hacerlo negándose a rendirle cuentas al país y su Parlamente, es importante precisar que “impuestos” no son solamente los que se recaudan mediante el IVA el Impuesto Sobre las Renta y otros tributos y tarifas, sino también los impuestos inflacionarios, que son los que más castigan al pueblo y que se generan al imprimir dinero sin respaldo de manera descontrolada, y sin la debida rendición de cuenta por parte ni del Ejecutivo ni el Banco Central.
Por todos estos motivos, la pretensión del Ejecutivo Nacional venezolano de no presentarle a La Asamblea Nacional para su aprobación el Presupuesto Público 2017, y luego proceder a ejecutarlo, incluyendo un uso indiscriminado de créditos adicionales que tampoco pasan por el Parlamento, son la definición más acabada de una Tiranía que retrotrae el manejo de las finanzas públicas a la era de los monarcas quienes se abrogaban esa facultad argumentando que era un “derecho divino”.
Ha habido sociedades que han aceptado estado de cosas por un tiempo al considerar que el gobernante que así actúa es un “déspota ilustrado” que ejerce su hegemonía con un buen juicio que genera prosperidad. Fue lo que sucedió aquí, por ejemplo, con la dictadura del General Juan Vicente Gómez y la tesis del “Gendarme Necesario” y el “Cesarismo democrático” con las que Laureano Vallenilla Lanz. Por supuesto, apelar al argumento de que eso se permite por ser el único ente capaz de regular y controlar el poder político, es propio de naciones en las que no se percibe o existe un pueblo capacitado para el ejercicio de la democracia.
Pero ese neo-despotismo no parece tener ninguna justificación ni razón de ser cuando lo que produce es una inflación descontrolada y empobrecedora que ya va por 500%, una contracción económica creciente que este año llega al 10% y un desempleo verdadero de cerca de 25% atenuando tan solo por la primera emigración masiva de la era republicana.
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